Ayudas al alquiler en vivienda libre de Euskadi por la crisis del COVID-19

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El Gobierno Vasco ha aprobado unas nuevas ayudas directas, que en este caso están dirigidas a todas aquellas personas inquilinas del parque de viviendas de alquiler libre de Euskadi cuya situación económica sea complicada a raíz de la crisis originada por la pandemia del COVID-19.

Según se establece en la Orden aprobada por el Consejo de Gobierno, esta medida permita beneficiarse a las personas que se hayan quedado paro o que estén afectadas por un ERTE. Asimismo, se contempla que pueden acogerse a las ayudas tanto autónomos como empresarios que hayan visto cómo sus ingresos han caído al menos un 40%.

El plazo para poder presentar las correspondientes solicitudes, tras su publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco el 5 de mayo, se va a prolongar hasta el 30 de septiembre. La tramitación, de forma preferente, será por vía telemática a través de la www.euskadi.eus y también de los canales que la sociedad pública Alokabide en su página www.alokabide.euskadi.eus.

La cuantía ascenderá a 250 euros mensuales y se aplicará durante seis meses, es decir, al periodo comprendido de abril a septiembre si persiste la situación de vulnerabilidad por la crisis económica del coronavirus. Esta cantidad sigue la línea con la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Prestación Económica de vivienda (PEV). Por lo tanto, el total puede alcanzar los 1.500 euros que se abonarán en dos pagos trimestrales.

A continuación detallamos los principales requisitos que se han establecido para optar a estas ayudas a las personas que viven de alquiler en vivienda libre. Es necesario, por ello, acompañar la solicitud con la documentación acreditativa correspondiente:

– Contar con un contrato de alquiler suscrito antes de la declaración del estado de alarma y no poseer otra vivienda.

– Que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar no superen los 39.000 euros en el último ejercicio fiscal, que es la cantidad máxima para acceder a una VPO, y no se disponga de un patrimonio superior a 50.000 euros.

– Que el importe de la renta, más los gastos de comunidad y los suministros básicos, supere el 30% de los ingresos disponibles en ese momento.

– Que el importe del alquiler mensual no exceda de 1,5 veces (1,75 en el caso de familias numerosas) la renta media atribuible al ámbito territorial en que se localice la vivienda, según los datos de la EMA, la Estadística del Mercado del Alquiler. 





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