Moratoria para autónomos y pymes en las cotizaciones a la Seguridad Social

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Las personas autónomas y las pymes son dos colectivos que venían reclamando en las últimas semanas medidas específicas a su situación  para afrontar la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus. El Consejo de Ministros ha tratado de dar respuesta con un Real Decreto publicado en el BOE este 1 de abril y que flexibiliza, entre otros aspectos, el pago de las obligaciones con la Seguridad Social.

La medida más destacada, que se detalla más abajo, es una moratoria en las cotizaciones a la Seguridad Social en estos próximos meses. Además, se ha aprobado que aquellos autónomos cuya actividad haya quedado suspendida por el decreto de alarma no tengan recargos si pagan las cuotas previas fuera de plazo.   

De esta forma, se pretende facilitar que tanto los trabajadores por cuenta propia como las empresas, cuyas economías se están resintiendo de forma severa por el impacto de la crisis del COVID-19, tengan más liquidez en estos próximos meses una vez retome su curso la actividad tras el estado de alarma que comenzó el pasado 15 de marzo.  

COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL

OPCIÓN DE MORATORIAS

Los autónomos y empresas que así lo necesiten tienen la posibilidad de pedir el aplazamiento en los pagos a la Seguridad Social durante tres meses pero con una diferencia entre ambos colectivos.

La moratoria según recoge el BOE afecta al pago de las cotizaciones cuyo periodo  de devengo para las empresas va de abril a junio. En el caso de los autónomos también son tres meses, pero las fechas son distintas: entre mayo y julio. Esto significa que los trabajadores por cuenta propia no tienen la opción de aplazar la cuota de abril.  

Es importante destacar que el aplazamiento se debe solicitar en los diez primeros días de cada mes. Pasado ese tiempo no se podrá tramitar, así que quienes lo necesitan han de estar atentos.  Otro aspecto relevante es que quienes opten por acogerse a esta opción no pueden tener otros aplazamientos que estén en estos momentos en vigor.

Las profesionales que podrán retrasar el pago de las cuotas son aquellos que pertenecen a los  siguientes sectores: carpintería de madera y metálica, fontanería, calefacción y aire acondicionado, comercio al por menor, dentistas y peluquerías, agencias de publicidad, impresión y artes gráficas, y cultivos que trabaja en una granja.

Para ser más específicos, son aquellas actividades que cuenta con los siguientes códigos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), según la información publicada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social:
· 119 – Otros cultivos no perennes
· 129 – Otros cultivos perennes
· 1812 – Otras actividades de impresión y artes gráficas
· 2512 – Fabricación de carpintería metálica
· 4322 – Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
· 4332 – Instalación de carpintería
· 4711 – Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
· 4719 – Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
· 4724 – Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
· 7311 – Agencias de publicidad
· 8623 – Actividades odontológicas
· 9602 – Peluquería y otros tratamientos de belleza

Esta moratoria no es válida para las empresas que tengan trabajadores afectados por algún ERTE por fuerza mayor a causa del COVID-19 y que, en consecuencia, ya habían sido eximidas de tener que pagar las cotizaciones sociales. Tampoco pueden acogerse aquellos autónomos y empresas que hayan visto suspendida su actividad.

CESES DE ACTIVIDAD EN MARZO

Estas medidas se unen a la Prestación por Cese de Actividad (CATA) que el Gobierno puso a disposición de aquellos autónomos afectados por el estado de alarma que se declaró a mediados de marzo. No hace falta solicitar la devolución del importe cobrado por los días del cese de actividad. La Seguridad Social devolverá esa cantidad de oficio.

Para estos trabajadores por cuenta propia también se ha adoptado por eliminar los posibles recargados por el retraso en el pago de la cotización correspondiente a los días trabajados. Se les va a permitir, por tanto, abonar la cantidad fuera de plazo sin que esto implique un coste adicional.


De cara a facilitar la realización de todos estos trámites, se han ampliado las gestiones que hasta ahora se podían hacer a través del sistema de remisión electrónica de datos (RED). Esta plataforma se ha adecuado para posibilitar las peticiones de aplazamiento y moratorias en el pago de las cotizaciones, así como las devoluciones de ingresos indebidos que se hayan efectuado por parte de la Seguridad Social.


OTRAS MEDIDAS

SUMINISTROS DE LUZ GAS Y OTROS

El documento publicado en el BOE da luz verde también a una serie de mecanismos con los que se pretende mitigar en este contexto el impacto de la factura energética sobre determinadas actividades que están sufriendo las consecuencias económicas de la crisis originada por el coronavirus.  

Por un lado se flexibilizan las contrataciones de luz, gas y otras energías en lo que se refiere a bajar el término de potencia, escala de peajes o suspender el suministro durante el tiempo que dure el estado de alarma, sin que esto conlleve una penalización. Y, por otra parte, se da la opción de su suspender el pago de facturas y afrontarlas de forma prorrateada en los seis meses posteriores a que termine el decreto de alarma.

MORATORIA DE PRÉSTAMOS

El Real Decreto recoge también la moratoria para el pago de préstamos de la que se podrán beneficiar aquellos trabajadores autónomos que se hayan visto obligados al cese de actividad.  Es una medida para préstamos con y sin garantía hipotecaria relacionados con vivienda habitual, inmueble afecto a la actividad económica y viviendas en situación de alquiler, en caso de que se deje  de cobrar la renta arrendaticia.

COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

El paquete de medidas aprobado comprende varios puntos de carácter social que están dirigidos a esa parte de la población que afronta una mayor situación de vulnerabilidad, como puede ser el caso de trabajadores afectados por un ERTE o aquellos autónomos afectados por una drástica reducción ingresos o cese de actividad.  

  • Alquiler de vivienda habitual: se suspenden los desahucios durante seis meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para aquellos contratos que estén a punto de vencer. Asimismo se concederán microcréditos estatales al 0% de interés.
  • Prohibición de cortes de suministros: se quiere garantizar que no haya afecciones de este tipo en las primeras viviendas.  Se contempla además conceder  el bono social a quienes se hayan quedado en situación de vulnerabilidad por despido o reducción de actividad.
  • Empleadas del hogar y trabajadores temporales: se ha creado una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar que equivale al 70% de su base de cotización. En el caso de los trabajadores temporales afectados, aunque no tengan la cotización necesaria, se aprueba una ayuda de unos 440 euros, el 80% del Iprem.

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